Venezuela exige empresas de cable excluyan a canales infractores

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CARACAS (AP) — El gobierno del presidente Hugo Chávez advirtió que serán sancionados los operadores de televisión por suscripción en Venezuela si no excluyen inmediatamente de su servicio a aquellos canales clasificados como productores audiovisuales locales, que no cumplan la férrea regulación de una nueva ley de telecomunicaciones.

Las irregularidades incluyen la negativa a la transmisión obligatoria de los frecuentes y largos discursos presidenciales e incumplir la imposición de limitaciones en los tiempos de las propagandas, que son más rigurosas que las aplicadas a los canales de señal abierta, entre otras faltas.

El ministro de Obras Públicas, Diosdado Cabello, sin mencionar directamente al canal Radio Caracas Televisión Internacional (RCTV), expresó, «no me importa el abolengo, ni los amigos que tengan», en aparente alusión a la más antigua televisora privada del país.

Las nuevas regulaciones para muchos tienen como principal blanco RCTV, que en el 2007 cesó sus transmisiones en señal abierta luego que el gobierno le retiró la concesión. Ahora podría salir del servicio por cable si no pasa la próxima cadena oficial.

El sábado, el mandatario transmitió por radio y televisión una concentración oficialista, en la que aprovechó para mandar «un minuto de bulla (abucheo)» a sus adversarios. Por ley las televisoras venezolanas están obligadas a plegarse y al menos RCTV no lo hizo.

«En minutos, horas… ellos (los operadores) deben cumplir la ley, y no pueden tener en su parrilla ni un solo canal que viola las leyes venezolanas», indicó el ministro. «Hemos tenido una gran receptividad de las operadoras».

Destacó que los funcionarios del gobierno «no estamos cerrando a nadie», ahora la «cable operadora que no cumpla se le abrirá procedimiento administrativo». Esos procedimientos podría acarrear sanciones que van desde multas hasta el cierre de esas empresas.

Cabello anunció el jueves el listado de los canales clasificados como productores audiovisuales locales por tener más de 30% de programación nacional, de acuerdo con la nueva normativa.

El abogado de RCTV, Osvaldo Quintana, dijo a The Associated Press el viernes que los operadores le notificaron al canal el viernes que fueron «conminados por Conatel a que si nosotros no pasamos la próxima cadena, pues nos tienen que sacar del aire».

RCTV, en un comunicado divulgado el sábado, denunció que el gobierno de Chávez, a través de Conatel, «se ha dirigido informal e ilegalmente a los servicios de difusión por suscripción para solicitarles que se excluya la señal de RCTV internacional de su oferta a los suscriptores venezolanos si, en el criterio del gobierno, nuestro canal incurre en infracción de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión».

«Esa conducta de Conatel es absolutamente ilegal puesto que, si el gobierno considera que RCTV Internacional ha cometido alguna infracción, lo que procede es abrir un procedimiento administrativo al canal, dándole la oportunidad a RCTV Internacional de ejercer su derecho a la defensa, como lo ordena y garantiza la Constitución», acotó la televisora.

«Sin seguir el procedimiento legal correspondiente, Conatel no tiene potestad alguna para dar esa orden a los servicios de difusión por suscripción. De esta manera, el gobierno no asume su responsabilidad, escudándose de manera reprochable en los servicios de televisión por suscripción, violando así nuevamente la Constitución y la Ley», agregó.

La televisora tiene pendiente en el Tribunal Supremo de Justicia un recurso de amparo que presentó el viernes contra las medidas de Conatel, que espera sea decidido con celeridad.

Cifras de Conatel al 2008 indican que la televisión por cable tenía una penetración de 37% en el país, pero algunas firmas privadas sostienen que seis de cada diez hogares venezolanos tienen el servicio de suscripción.

Con excepción de RCTV, al que no se le renovó su concesión para operar en señal abierta por supuestamente haber apoyado el golpe de Estado fallido del 2002, ninguno de los otros canales clasificados como productores nacionales ha objetado la nueva normativa.