Presidente admite crisis institucional en Honduras

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Por FREDDY CUEVAS

TEGUCIGALPA — El presidente Manuel Zelaya afirmó que el país está frente a una crisis que pone en riesgo «la institucionalidad democrática», en tanto las fuerzas armadas amanecieron acéfalas el jueves a raíz de la sorpresiva renuncia de los altos mandos por negarse a acatar una iniciativa del mandatario de reformar la Constitución.

Como aditivo a la crisis, el fiscal general Luis Alberto Rubí dijo al canal 5 de televisión que «los actos del presidente son contrarios a la ley y, en definitiva, no producen consecuencias jurídicas».

Instó a la legislatura a relevar a Zelaya por mostrar falta de sensatez.

En una comparencia por radio y televisión, el mandatario admitió en la medianoche del miércoles que «existe una crisis generada por algunos sectores que han promovido la desestabilización y el caos con el fin de causar serios problemas a la institucionalidad democrática de Honduras, al orden constitucional, y al ejercicio del poder legalmente constituido».

Aunque no ha profundizado sobre los alcances de su idea, el mandatario convocó en marzo al pueblo a «una amplia consulta popular», fijada para el próximo domingo, a favor de instalar una Constituyente, rechazada por la oposición que estima que se busca aprobar la reelección presidencial para que Zelaya, de tendencia izquierdista, continúe en el poder.

En ese sentido, el mandatario ordenó a los militares en mayo respaldar su proyecto y proteger las 17.000 urnas donde votará la población.

El jefe del Estado mayor de las fuerzas armadas, general de división Romeo Vásquez, se negó a acatar la disposición presidencial de la convocatoria a la consulta ciudadana y por eso Zelaya lo destituyó la noche del miércoles y aceptó la renuncia de su ministro de Defensa, Edmundo Orellana, por presuntamente no aceptar su orden.

En rueda de prensa, Vásquez admitió que en solidaridad con él dimitieron los comandantes del Ejército, Miguel García Padgett, de la Fuerza Aérea, Luis Javier Prince, y de la Fuerza Naval, Juan Pablo Rodríguez.

«Soy un soldado profesional y tengo claro el rol que mandan las leyes. Somos prudentes y aceptamos la determinación del presidente, a quien respetamos y él tiene esa potestad de destituir a quien lo desea».

Descartó la posibilidad que los militares podrían derrocar a Zelaya. «No, no hay de eso. Los militares cumplimos la Constitución», subrayó.

Los militares derrocaron tres presidentes elegidos popularmente entre 1956 y 1972, luego de gobernar 18 años a Honduras.

Zelada en su alocución de la medianoche aseguró que «los que realmente amamos a Honduras no podemos permitir que la democracia siga siendo de unos pocos. Debemos luchar infatigablemente, sin tregua, por lograr la transformación de la democracia superior que nos hemos propuesto».

Anunció haber pedido una reunión urgente del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para analizar la crisis política de Honduras. Lo acompañó Raúl Arconada, enviado especial de la OEA.

El Congreso pidió a la OEA retirar tres observadores enviados a Honduras para «acompañar» la encuesta popular que realizará el mandatario el domingo.

Al menos cinco organismos estatales han declarado ilegal la intención del presidente: fiscalía general, Corte Suprema, procuraduría general, Congreso, Tribunal Supremo Electoral y Comisionado Nacional de Derechos Humanos, pero Zelaya ha afirmado que su proyecto «va contra viento y marea».

«En este momento hay un estado de inseguridad en Honduras y el mandatario debe reflexionar y hacer un alto a sus pretensiones», dijo a la AP el ex presidente del Congreso, Rafael Pineda Ponce.

«Al consumar hechos ilegales, el presidente se ha colocado encima de la ley y debe ser inhabilitado por el Congreso», advirtió.

Pineda Ponce es líder del oficialista Partido Liberal, que no apoya al gobernante.

«Podrían ocurrir cosas no deseadas», dijo en rueda de prensa el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, Ramón Custodio. «Y eso es así cuando hay una persona interesada en desarreglar la república y el sistema democrático».

El principal partido opositor, el Nacional, instó el jueves a Zelaya a «no continuar actuando de manera arbitraria en su afán de reformar la Constitución… y el poder ejecutivo debe respetar la institucional y la Constitución».

Entretanto, los militares están concentrados en sus cuarteles y la vida sigue aparentemente normal en Honduras.

La crisis se produce a siete meses que Zelaya debe abandonar el poder, en enero.

También a cuatro meses de celebrarse las elecciones generales en noviembre a la que han sido convocados los hondureños para escoger un presidente, tres vicepresidentes, 256 congresistas, 40 diputados al Parlamento Centroamericanos y 298 alcaldes en el país.

(AP)