Innovación y nuevas herramientas para lucha contra la corrupción: AGR

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Bogotá -En su presentación de rendición de cuentas el actual Auditor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, realizó llamados insistentes a la reestructuración del PAE, a la efectividad de la ley de Garantías en los procesos de contratación, y a exigir más a las contralorías territoriales para terminar las investigaciones sobre los recursos que se encuentran en bancos sin ejecutar.

Igualmente, presentó herramientas de gestión que le auguran fortalezas al futuro del control fiscal en Colombia. Entre ellas la aplicación PIA (Plan Integral de Auditorías) una herramienta de planificación de un nuevo modelo integral de gestión fiscal, que arroja la programación anual, armonizada y articulada de todos los organismos de control fiscal del orden territorial, la Contraloría General de la República –CGR– y la Auditoría General de la República –AGR–.

“Hoy día, conforme a la información generada por las contralorías territoriales para el PIA, nos ha permitido generar ALERTAS. La primera de ellas es que el 37% de los sujetos de control del país para la vigencia de este año, no tendría control fiscal”.

 

“La segunda Alerta es que más de 2.300 sujetos y puntos de control tienen más de 3 años sin revisión de control fiscal”, manifestó el Auditor General, Rodríguez Becerra.

Con respecto al proceso auditor que realiza la AGR, a la fecha ha alcanzado más del 56% de cumplimiento del Plan General de Auditorías. Es decir, que se han realizado 40 de ellas y 15 están en desarrollo de las 71 auditorías programadas.

Frente al proceso de responsabilidad fiscal, destacó el Auditor que los 103 procesos que se ha tramitado este año la Entidad, alcanzan una cuantía cercana a los 113 mil millones de pesos.

Análisis a la ley de garantías

Con relación a la Ley de Garantías, recordó el Auditor Rodríguez Becerra, que esta norma se aplica días previos a la jornada electoral y su propósito es el de evitar la corrupción del proceso electoral mediante la contratación pública. “Llama la atención de la Auditoría General de la República el incumplimiento de la citada norma, por cuanto la administración territorial suscribió un importante número de contratos con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley”, recalcó.

Del análisis realizado a la información reportada por las entidades territoriales, se encontró que entre el 27 y el 31 de enero del presente año, se celebraron un total de 86 contratos que superan los $3.146 millones.

“Con base en estos resultados es que solicitamos a las autoridades pertinentes se revise el estatuto de Contratación Pública y la utilidad real de la llamada Ley de garantías electorales que, en la práctica, se ha convertido en una invitación a contratar a la mayor velocidad posible, saltándose principios elementales de la contratación administrativa, como los de planeación, publicidad y transparencia”, manifestó el Auditor General.

Llamado al Gobierno Nacional para reformar el PAE

Sobre el tema del Plan de Alimentación Escolar –PAE–, hoy por hoy la Auditoría General de la República tiene serias reservas con el diseño que se ha propuesto para administrar estos recursos. Hay que mirar la eficiencia que en algún momento llevaba el Instituto de Bienestar Familiar en el manejo de estos programas.

Por lo anterior, Rodríguez Becerra hizo un llamado al Gobierno Nacional para que se revisen los criterios con los que está diseñado el programa respecto de la distribución y asignación de los recursos y para que se adopten las medidas que se consideren pertinentes a fina de asegurar un diseño eficiente y prevenir los riesgos que suelen presentarse en esta etapa de la formulación de los programas públicos.

Manejo de recursos públicos sin ejecutar

El Auditor General insistió en las deficiencias en la ejecución de los recursos del presupuesto. Como consecuencia de ello la AGR encontró significativas sumas de dinero depositadas en instituciones financieras.

En efecto, conforme a lo informado por la Contaduría General de la Nación en el Balance General Consolidado a diciembre 31 de 2017, en el Sector Nacional se presentó un cuantioso saldo en estas cuentas, recursos que por lo general, se mantienen depositados en cuentas corrientes o de ahorro del sistema financiero, sin generar mayores beneficios para las entidades depositarias.

Fondos de Bienestar de los organismos de control fiscal

Con relación al comportamiento de los Fondos de Bienestar de las contralorías territoriales. Becerra Rodríguez manifestó que a la fecha se han instaurado ante el Contencioso Administrativo, demandas de nulidad simple contra doce (12) de estos fondos, atacando principalmente la competencia en la iniciativa para la creación y su naturaleza jurídica.

 

A manera de conclusión de estas reflexiones del control fiscal, el Auditor General dijo que la AGR llama la atención de todos los organismos de control del país, con la intención de focalizar los esfuerzos de la vigilancia fiscal en aquellos sectores que resultan neurálgicos para nuestro desarrollo, bien sea por su naturaleza o por el volumen de recursos que se les destinan. Adicionalmente, invito a la ciudadanía en general a rodear la institucionalidad y vincularse activamente en la protección de los recursos públicos.

Para finalizar y ante este panorama que arroja el ejercicio del control fiscal, es muy importante señalar que para la Auditoría General de la República siempre ha sido motivo de preocupación y de ocupación, la situación en la que se encuentra el Sistema Nacional de Control Fiscal y su futuro.

Sobre este importante aspecto la AGR presentó al Departamento Nacional de Planeación (DNP) el “Diagnóstico sobre el Control Fiscal en Colombia”, en el marco de los compromisos interinstitucionales adquiridos en el CONPES 167 de 2013 que establece los lineamientos para la formulación de una “Política Pública Integral Anticorrupción”.

La postura institucional frente a la crítica situación que vive hoy por hoy el control fiscal, se refleja en las siguientes propuestas de reforma: 1. Diseño e implementación de una política pública para el control de los recursos del erario; 2. Lograr una efectiva coordinación entre los organismos de control fiscal y el control interno administrativo; 3. Implementar el control posterior inmediato; 4. Implementar el control previo excepcional; 5. Elevar a rango constitucional la función fiscal de advertencia; 6. Fortalecer la capacidad sancionatoria de las contralorías; 7. Modificar el Proceso de Responsabilidad Fiscal; 8.Modificar el actual esquema de control concurrente. Rodríguez Becerra subrayó que espera que estas propuestas sean tenidas en cuenta en las diferentes discusiones de reforma al Sistema Nacional de Control Fiscal que se están adelantando, tarea para la cual la AGR está presta a colaborar.

Otra importante herramienta presentada por el Auditor General de la República para desarrollar la cultura del control fiscal, es el Observatorio de Política Pública del Control Fiscal, como una alternativa científico técnica al servicio de la sociedad, desarrollada en convenio con la Universidad Santo Tomás. “Soy un convencido de que debemos tener mecanismos fortalecidos y con el principio de colaboración podremos mostrar resultados más contundentes y de manera gradual ir recuperando la confianza ciudadana. Esto fortalecerá el control fiscal territorial. “ concluyó, Carlos Hernán Becerra Rodríguez.