EEUU revoca visas a Micheletti y a 17 funcionarios hondureños

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Por FREDDY CUEVAS

TEGUCIGALPA — Además del presidente de facto Roberto Micheletti, Estados Unidos revocó la visa a otros 17 funcionarios, entre ellos el máximo jefe militar, el canciller interino, el fiscal general y 14 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, informaron el sábado fuentes oficiales hondureñas.

«La situación la hizo efectiva Washington desde el viernes», dijo a la AP la jefe de Protocolo de la Presidencial y congresista del oficialista Partido Liberal, Marcia de Villeda.

Indicó que «la visa le fue cancelada al jefe del Estado Mayor Conjunto de las fuerzas armadas, general Romeo Vásquez, el canciller (de facto) Carlos López Contreras y el fiscal general Luis Alberto Rubí».

«Todo esto ocurre por la destitución de(l presidente Manuel) Zelaya», subrayó.

Hasta ahora suman 22 los funcionarios que no pueden entrar al territorio estadounidense, incluso los 15 jueces que integran el máximo tribunal hondureño, ocho del oficialista Partido Liberal y siete del opositor Nacional.

El ministro de Información del régimen interino, René Zepeda, dijo el sábado a la AP que «esperamos que la visa de al menos otros 1.000 funcionarios públicos sea retirada en los próximos días por Estados Unidos… eso ya lo tenemos previsto».

El propio Micheletti había informado temprano que Estados Unidos le revocó también la visa diplomática y la de turismo.

«Recibí una carta del consulado norteamericano en Honduras donde me dicen que, por lo que pasó el 28 de junio (cuando los militares derrocaron a Zelaya), se nos suspende la visa. Esto es una muestra de la presión que ejerce el gobierno de Estados Unidos a nuestro país», afirmó.

Indicó a la cadena local de radio HRN que Washington le suspendió tanto la visa diplomática como la turista, lo que no había hecho antes con otros funcionarios de Micheletti. A ellos sólo retiró la diplomática, no la turística.

No especificó sin embargo cuándo Estados Unidos le notificó la medida.

La semana pasada, el Departamento de Estado en Washington anunció la suspensión de la ayuda no humanitaria a Honduras y la revocación de las visas de un número no especificado de funcionarios hondureños que respaldan a Micheletti. La medida hace permanente la suspensión temporal dictada tras la destitución de Zelaya, quien está refugiado en Nicaragua.

«Me siento tranquilo porque ya esperaba esa decisión y la acepto con dignidad, altura y sin el menor rencor ni molestia contra Estados Unidos porque ese es el derecho que tiene ese país por ser grande y poderoso… y a nosotros nos gusta visitar Estados Unidos», declaró Micheletti.

Reiteró que «por consiguiente ya no tengo ni la visa diplomática ni la visa de turista»,

Lo que sí le molestó es que la nota enviada por el consulado estadounidense le dio el título de presidente del Congreso, en el que se desempeñaba antes del golpe de estado.

«Me molestó que la nota está dirigida a Roberto Micheletti, presidente del Congreso, ni siquiera dice señor presidente de la república o lo que sea», afirmó.

Micheletti señaló que «la decisión de Estados Unidos no cambia en nada mi situación porque no estoy dispuesto a retroceder en lo que ocurrió en Honduras».

Sostuvo asimismo que «Estados Unidos siempre ha sido amigo de Honduras y que lo seguirá siendo por la eternidad, a pesar de las medidas que ha está aplicado después de lo sucedido».

Pero dijo que «tales determinaciones «sólo indignan a Honduras porque del pueblo está interesado en lo que pasó en Honduras».

Micheletti advirtió que el Acuerdo de San José propuesto por el presidente costarricense Oscar Arias, que media en el conflicto hondureño, «no puede firmarse si no se basa en la Constitución de Honduras».

Micheletti permanece desde el viernes en San Pedro Sula, a unos 180 kilómetros al norte de Tegucigalpa, participando en actos sociales.

Washington suspendió la visa en julio a cuatro funcionarios aliados de Micheletti, entre ellos el ministro de facto de Defensa, Adolfo Lionel Sevilla, quien se desempeñó en esa cartera como viceministro de Zelaya; el magistrado de la Corte Suprema, Tomás Arita; el presidente del Congreso, José Alfredo Saavedra, y el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, Ramón Custodio.

Agencia AP.