Deshielo entre EEUU y Cuba pudiera traer compensaciones

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Por WILL WEISSERT

LA HABANA (AP) — Luego de 47 años, se han desvanecido los recuerdos de Mario Sánchez de la casa donde nació en La Habana, pero no ha olvidado la dirección y puede ver el techo usando imágenes por satélite en su computadora en Florida, a 370 kilómetros de distancia.

«Mi esperanza y mi sueño son que un día me devuelvan mi propiedad», dijo Sánchez, un profesor de computación de la universidad comunitaria Miami Dade, en una entrevista telefónica.

Con el prospecto de mejores relaciones entre Estados Unidos y Cuba, Sánchez piensa que ese día no esté muy lejos.

No es el único. Algunas compañías estadounidenses y cubano-estadounidenses aún esperan recuperar sus propiedades o recibir compensación por aquellas confiscadas a inicios de la década de 1960 en Cuba, cuando Fidel Castro nacionalizó fábricas, granjas, hoteles, edificios de oficinas, tiendas por departamentos, minas, centrales azucareras, tierras y viviendas.

Los gestos del gobierno de Barack Obama hacia Cuba, su decisión de aflojar algunas restricciones del embargo de 47 años y la nueva disposición del gobierno cubano de analizar una mejoría en las relaciones han reavivado esperanzas de soluciones a la disputa.

«Es muy pronto aún, pero me siento optimista», dice Robert Muse, un abogado estadounidense que representa a dos de los mayores reclamantes de propiedad perdida en Cuba ante el Departamento de Justicia. «Cualquier tendencia a un deshielo es positiva, porque esos reclamos no pueden ser resueltos sin un acercamiento con Cuba».

Muse, que pidió que no se mencione a sus representados, dijo que las leyes internacionales reconocen el derecho de dueños extranjeros a recibir compensación por una propiedad confiscada.

En 1972, casi 6.000 compañías estadounidenses e individuos que eran ciudadanos estadounidenses cuando sus propiedades fueron decomisadas presentaron reclamos ante el gobierno estadounidense por un valor estimado entonces en más de 1.800 millones de dólares y que ahora se acerca a 7.000 millones.

Entre los reclamantes están General Electric, General Motors, Ford, Sears, Coca-Cola, Pepsi, Citicorp y Goodyear. Texaco perdió una refinería en la ciudad oriental de Santiago de Cuba. ITT perdió su participación en la compañía telefónica cubana.

Ninguna de las numerosas compañías estadounidenses contactadas para este reportaje precisó sobre los reclamos, citando restricciones legales, pero Muse dijo que «las propiedades siguen siendo reflejadas como bienes en los libros de las compañías».

Los 10 mayores reclamantes representan un total de 1.000 millones de dólares de las pérdidas iniciales, dijo, pero es improbable que deseen la devolución de sus propiedades, luego de años de descuido, y pudieran conformarse con incentivos especiales para invertir en la isla si se levantan los controles, agregó Muse.

«Las compañías están dispuestas a mostrarse creativas e innovadoras en un arreglo», dijo el abogado en una entrevista telefónica.

Cuba expropió además bienes pertenecientes a centenares de firmas no estadounidenses y ha firmado acuerdos de compensación con Canadá, Suiza, Francia, Gran Bretaña, España y México.

Estados Unidos ha negociado acuerdos de compensación por propiedad estadounidense confiscada en Vietnam, Irán y en los países de Europa Oriental que se hicieron comunistas tras la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, no con Cuba. En 1960, el gobierno de Castro ofreció compensación en bonos y exportaciones de azúcar a Estados Unidos, pero Washington dijo que eso hubiera requerido que el país comprase enormes cantidades de azúcar a precios inflados.

Un año más tarde, Estados Unidos impuso el embargo y congeló las cuentas del gobierno cubano en bancos estadounidenses. Al final de 2005, el Departamento del Tesoro dijo que quedaban en esas cuentas 268,3 millones de dólares. Cuánto queda ahora no está claro.

Parte de esa suma fue pagada a familias que demandaron a Cuba en tribunales estadounidenses bajo una ley de 1996 que permite a las víctimas de grupos terroristas o gobiernos que patrocinan terrorismo solicitar compensación.

Cuba ha dicho desde hace tiempo que está dispuesta a compensar a las firmas estadounidenses, pero también que quiere ser compensada por los daños del embargo económico, que calcula ha causado daños por 93.000 millones.

El gobierno cubano está menos dispuesto a pagar por propiedad confiscada a ciudadanos cubanos que más tarde se hicieron ciudadanos estadounidenses.

Ese grupo incluye a Sánchez, el profesor de computación, que fue sacado ilegalmente de Cuba cuando tenía seis años y no vio a sus padres durante seis años más. La tierra de su familia, su casa y una casa en la playa fueron confiscadas cuando las autoridades obligaron al padre, hasta entonces dueño de una compañía de transporte, a trabajar para el nuevo gobierno como asesor logístico.

Sánchez, de 53 años, tiene la propiedad de ambas casas y aún recita la dirección exacta de su hogar en el barrio capitalino de Nuevo Vedado: «Oeste entre Conill y Santa Ana, número 818».

Por lo que puede ver de las imágenes de satélite, «el techo se ve bien». «No tendría problemas viviendo allí», dice.

Sin embargo, algunos dicen que es imposible dar marcha atrás al reloj.

«Determinar qué pertenece e quién va a ser demasiado difícil», dijo Clara del Valle, de 65 años y descendiente de la familia Bacardí, cuyo imperio de ron tuvo que salir de Cuba cuando Castro se hizo cargo. Ella es vicepresidenta de la Fundación Cubano-Estadounidense, un grupo anti Castro.

La casa de Sánchez es un ejemplo de las dificultades.

No parece muy cambiada en comparación con la casa moderna de un piso en una fotografía en blanco y negro tomada en la década de 1950 que tiene Sánchez, pero que es ocupada ahora por Ileana Paz, de 80 años, su hija y su yerno.

«Este es mi mundo», dice Paz.

Paz, una dependiente retirada de un comedor militar, dice que ella vivía en un edificio decrépito hasta que se mudó a la casa hace 42 años. Dice que la madre de Sánchez le pidió que cuidara de la casa hasta su regreso. Dio el nombre completo de la madre sin que se le preguntase y dijo que eso probaba que ella estaba allí legalmente.

Sin embargo, Sánchez dice que nunca ha oído hablar de Paz y que su madre, ahora fallecida, nunca le dijo nada de esas instrucciones. Además, el recuento de Paz tiene contradicciones y varios vecinos indicaron que la casa es controlada por el gobierno, que decide quién puede vivir allí.

Sánchez dijo que no quiere desalojar a nadie.

«¿Cómo lidias tú con gente que ha estado viendo en tu casa durante 40 años?», pregunta. «¿Las vas a botar a la calle? No puedes hacer eso».

Paz dijo que no dejará que nadie le quite el que considera su hogar. «Nada puede hacer que me vaya. Nada, nada, nada».

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