Colombia sale al paso de «agresiones» de fiscalía ecuatoriana

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BOGOTA (AP) — El Ministerio de Defensa ratificó el jueves que «no ahorrará esfuerzos» en la defensa de funcionarios públicos y miembros de las fuerzas armadas ante «inaceptables e injustificadas agresiones» de la Fiscalía de Ecuador.

El pronunciamiento del ministerio salió al paso de recientes declaraciones del fiscal general de Ecuador, Washington Pesántez, indicando que su despacho no descartaba eventuales apertura de procesos o la inclusión de generales colombianos o del propio presidente Alvaro Uribe en la investigación que ya se lleva por el bombardeo de un campamento guerrillero en territorio ecuatoriano en marzo del 2008.

El gobierno de Uribe, «definió una política de Estado clara y contundente frente a las inaceptables e injustificadas agresiones judiciales de la Fiscalía ecuatoriana. En esa política se establece que Colombia no ahorrará esfuerzos en la defensa y protección de todos y cada uno de los funcionarios públicos y miembros de las Fuerzas Armadas», dijo el ministerio en un comunicado.

«Cumpliendo el compromiso asumido con la defensa judicial de nuestras fuerzas, quienes sean agredidos de esta manera pueden tener la tranquilidad de que el ministro (Gabriel Silva) y el Ministerio en su conjunto tienen la firme decisión de no dejar prosperar esas afrentas», agregó el pronunciamiento oficial divulgado en un breve comunicado en la página de internet de la cartera de Defensa.

Colombia dijo que no permitiría ni «tocar» a Juan Manuel Santos, predecesor de Silva en el ministerio de Defensa, cuando autoridades judiciales ecuatorianos pidieron a Interpol emitir una orden internacional de ubicación en su contra.

Un juez ecuatoriano había ordenado a fines de junio la aprehensión de Santos en virtud de que la fiscalía lo acusaba de «delito contra la vida» por considerar que «planificó, dirigió y ordenó» el operativo militar del marzo del 2008 contra el campamento de las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en que murieron 25 personas.

Interpol declinó emitir la orden de localización asegurando que sus estatutos internos le prohiben expresamente «participar en cualquier asunto que tenga carácter predominantemente político, militar, racial o religioso».