Camioneros mexicanos demandan a EEUU por prohibición

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MEXICO — Los camioneros mexicanos demandaron a Estados Unidos en busca de una compensación de 6.000 millones de dólares por pérdidas que aseguran han sufrido desde que Washington les prohibió cruzar la frontera en violación a un tratado comercial, dijo el martes un abogado.

La Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar) interpuso la querella en representación de 4.500 compañías de transporte, dijo Pedro Ojeda, abogado del grupo.

Ojeda señaló que en abril la Canacar presentó ante el Departamento de Estado del país vecino una notificación de arbitraje bajo el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica.

«Esto es para exigir un trato de reciprocidad e igualdad, porque es nuestra industria la que está sufriendo porque Estados Unidos está cerrado», dijo Ojeda.

Bajo el tratado de libre comercio firmado con México y Canadá, Estados Unidos estaba obligado a garantizar a los camiones mexicanos acceso completo a sus autopistas en enero del 2000, pero la oposición de sindicatos laborales y grupos de consumidores obligaron a legisladores de aquella nación a posponer el acceso hasta que en el 2007 se estableció un programa piloto para permitir la entrada de algunos camiones.

El sindicato de camioneros de Estados Unidos, algunos grupos de consumidores y aseguradoras independientes han advertido que los camiones mexicanos no son seguros y han cabildeado en el Congreso para evitar su entrada. Muchos sindicatos han manifestado también temores de que choferes estadounidenses podrían perder sus empleos si camioneros mexicanos con salarios menores pudieran transportar artículos por todo Estados Unidos.

En marzo, el presidente estadounidense Barack Obama firmó una ley de gasto que incluía una prohibición para gastar en el programa piloto. México respondió imponiendo aranceles de 10 a 45% a decenas de exportaciones de Estados Unidos, desde frutas hasta vino y máquinas lavadoras.

Obama ha pedido a la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos que trabaje con el Departamento del Transporte, el Departamento de Estado y el Congreso para crear un programa nuevo.